Por Alfonso Prada (*)

Se debaten en estos momentos en el Congreso de la República proyectos que pretenden hacer una nueva reforma política. En Colombia hemos aplicado el método del ensayo error, para ir probando normas sobre creación y funcionamiento de los partidos políticos, su financiación y la de campañas, democracia interna, régimen sancionatorio, escogencia de candidatos y sistema de listas, a lo largo de nuestra historia, a ver si funcionan y sino se van ajustando con la experiencia. Así ocurre en todo el planeta.

Y así se lo aplicamos en 1957 y 1959, cuando luego del plebiscito de la época que ayudó a superar la guerra civil entre liberales y conservadores, se introdujo en la legislación colombiana la paridad política y la alternancia en el poder, con lo que lograron además la constitucionalización del bipartidismo liberal y conservador (famoso parágrafo del artº 120 de la Constitución de 1886).

Luego en la propia Constitución de 1991, desarrollada por la ley estatutaria 130 de 1994, se introdujo el pluralismo partidista, se flexibilizaron al máximo las condiciones para crear partidos políticos. Resultado de ello nacieron 74, muchos de ellos con representación unipersonal en el Congreso, complicando la comunicación con las demás ramas del poder y con la sociedad. Había que hacer tantas reuniones de bancadas para un mismo tema, que no tenía fin el debate.

Con posterioridad se expidió el Acto Legislativo 1 de 2003. Endureció los mecanismos para la creación de partidos, reduciendo su número sustancialmente en las elecciones de Senado y Cámara de 2006 al exigir un umbral del 2% de la votación nacional por una misma lista, para el reconocimiento de la personería jurídica.

Solo subsistieron 12 con representación en el Senado, mas los 4 que se registraron por las circunscripciones especiales afrocolombiana e indígena. Creó, esta reforma del 2003, las conocidas listas únicas de partidos, con la opción de que fueran cerradas o con voto preferente, a voluntad de los partidos o inscriptores, e incorporó el sistema de la cifra repartidora para el reparto de curules en las corporaciones públicas, que coexiste con el famoso cuociente electoral, en las circunscripciones pequeñas.

En el 2009, se expide el Acto Legislativo número 1, que vuelve a cambiar las condiciones para la creación de Partidos, subiendo el umbral al 3% del total de votos emitidos para Senado o Cámara, lo que llevó a la existencia de los 16 Partidos representados hoy en el Congreso.

En el año 2011 -hace 9 años- hicimos la última reforma política, mediante la ley estatutaria 1475. Me correspondió ser uno de sus ponentes en la Cámara de Representantes, tarea a la que me consagré de pies a cabeza durante meses.

De los aspectos que representaron un serio avance destaco la consagración y desarrollo del concepto de equidad de género que llevó a ordenar que cualquier lista a Corporaciones Públicas debería conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros (artº28).

Reglamentamos las consultas populares y las internas de los partidos como mecanismos para la toma de sus decisiones democráticas (art 5), creamos para ello el Registro Único de Partidos para que la Organización Electoral registrará las actas de fundación, estatutos, su plataforma ideológica, sus directivos, así como el registro de sus afiliados que quedarían habilitados para participar en la consultas internas de sus decisiones (art 3).

Establecimos que los candidatos a cargos de elección popular deben ser escogidos por procedimientos democráticos (art 28). Actualizamos y completamos el régimen disciplinario y sancionatorio de los Partidos y sus directivos (art 8), y regulamos en detalle la doble militancia que generaba mucha confusión por la ausencia de una regulación clara (art 2).)

Le dimos a los Grupos Significativos de Ciudadanos, que hasta ese momento tenían una capitis deminutio, los mismos derechos que a los Partidos Políticos, permitiéndoles participar incluso en las consultas populares interpartidistas para escoger candidatos de coalición a cargos uninominales.

Se revivió el sueño del voto electrónico (art 39) y establecimos el nuevo régimen de financiación de Partidos y campañas (art6), estableciendo estímulos económicos por la elección efectiva de jóvenes y mujeres en cargos de elección popular (art17), y por primera vez reglamentamos en que se deben gastar los recursos del Estado, para garantizar la financiación de los centros de pensamiento, el funcionamiento territorial y la actividad de las organizaciones sociales, de jóvenes y mujeres, entre otros (art 18).

Finalmente, y teniendo como fuente el derecho societario, reglamentamos la disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos (art 14), señalando que estas figuras pueden desarrollarse según lo dispongan la propia ley o por lo que regulen los mismos partidos en sus estatutos. Las dos primeras son necesarias para cuando un partido o una autoridad decide dar por terminada su vida jurídica. Y las dos siguientes, la fusión y la escisión, las establecimos para cuando quieren transformarse, esto es, cuando dos partidos encuentran su identidad y deciden fusionarse en uno solo, o cuando un partido decide escindirse reconociendo una división interna insuperable, y optan por convertirse en dos partidos con personería jurídica.

Esta novedosas figuras en la política, contribuyen a la paz interna, a la coherencia ideológica y programática, y a los ciudadanos a escoger con mayor nitidez, con claridad de propuestas, la opción del partido en el que quieren y deciden militar.

Ahora que se tramita un nuevo proyecto de reforma política en el Congreso, encuentro una nueva oportunidad, válida para que se introduzcan las reformas a nuestro sistema que estén plenamente justificadas por la evidencia, por la experiencia, y que sean evaluadas en forma responsable y técnica cada una de ellas.

Muchos de quienes intervienen en una reforma política tienen intereses en el contenido de las reformas. Cada congresista quiere que la regulación le convenga a él y a su partido. Es natural, pero no necesariamente lo conveniente para la democracía y el buen funcionamiento del sistema. Por ello se requiere madures en el debate y mucha intervención y acompañamiento de la sociedad, las organizaciones especializadas en la materia y las universidades que estudian estos temas con rigor académico.

Desde aquí vemos necesario aprovechar la oportunidad y profundizar la equidad de enero para  llegar a paridad real en alternancia y número de integrates de las listas y de los efectivamente elegidos. La financiación pública debe robustecerse cada vez más para que sea realmente predominante, al igual que los controles del gasto en las campañas. Y no debemos esperar más para eliminar el engendro de lista con voto preferente -a la que siempre me opuse, desde su creación-, que solo ayuda a la incoherencia, la contradicción dañina interna. Basta mirar hoy el Polo, el Liberalismo, la Alianza Verde, Cambio Radical o la U, para ver como sectores muy relevantes reclaman la escisión por sus profundas divisiones. Lo responsable es buscarles una salida sensata y razonable, para que todos puedan seguir siendo opciones democráticas, pero ojalá en partidos armónicos y coherentes, y opciones claras para los ciudadanos votantes. Esa opción la encontraremos sin duda en las listas cerradas y democráticamente elaboradas, y en la escisión de los partidos que la reclaman.

(*) Profesor de derecho constitucional, excongresista, exdirector del Sena y exsecretario general de la Presidencia.